Categoría: Conflicto Armado
Fecha: Martes 22 de Noviembre de 2005
La Estrategia de Descentralización de la Política Pública de Derechos Humanos y DIH ha sido la responsable de que en Caldas el respeto por los derechos humanos figure en las agendas de los gobiernos departamental y local.
Fotografía 1: conflicto armado
Una característica en el desarrollo de la política pública de derechos humanos en Caldas es la manera como se ha articulado la administración departamental con los gobiernos locales. A través de un proceso de acercamiento entre las partes, se consiguió la correspondencia entre el plan departamental de derechos humanos con los 27 planes locales en temas fundamentales para el departamento como la violencia intrafamiliar, auxilio a la población desplazada y la atención a la población de los municipios de Oriente y Occidente, dos zonas afectadas por las acciones de los grupos armados al margen de la ley. La Estrategia de Descentralización de la Política Pública de Derechos Humanos y DIH en Caldas que se ha desarrollado con el acompañamiento del Ministerio del Interior y de Justicia, ha sido un proceso concertado, entre otras fuerzas vivas, por el gobierno departamental, las alcaldías, ONG, Fuerza Pública y la Cámara de Comercio de Caldas. En las reuniones previas a la formulación del plan de acción se establecieron como temas primordiales para el departamento la violencia intrafamilar, el desplazamiento forzado, el uso de minas antipersonal por parte de los grupos armados al margen de la ley y problemas como la deserción escolar. El plan de acción departamental de Caldas tiene tres estrategias de trabajo. La primera busca la formulación e implementación de planes locales de acción para los 27 municipios del departamento; de la violencia intrafamiliar se ocupa la segunda estrategia que tiene como meta sensibilizar al 10% de las familias del departamento en dicha problemática; la última estrategia diseñó actividades que se concentran en las zonas Oriente y Occidente del departamento, que han sido afectadas por la situación de violencia generada por los grupos armados ilegales. El Oriente está conformado por Marulanda, Pensilvania, Manzanares, Marquetalia (en lo que se conoce como el Alto Oriente); Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada (forman la zona denominada Magdalena Caldense); varios de estos municipios presentan violaciones a los derechos humanos. Así lo demuestran las cifras del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República. Por ejemplo Marulanda, entre 2000 y 2004, tuvo en tres años una tasa de homicidio por cada cien mil habitantes superior a la nacional[1]: en 2000 la tasa de Marulanda fue de 238 cuando la nacional fue de 62.71, en 2001 su tasa fue de 167 y la nacional de 64.64; en 2002 fue 454 y la nacional de 65.79, en 2004 fue de 145 y la nacional de 44.18. Otros casos representativos en Oriente en lo que a homicidios se refiere, fueron los de Pensilvania y La Dorada; ambos, entre los cinco años de estudio, tuvieron en dos años una tasa de homicidio por encima de la nacional. Pensilvania presentó una tasa de 175 homicidios por cada cien mil habitantes en 2000 y 121 en 2002; los años críticos para La Dorada fueron 2000 cuando presentó una tasa de 105 y 2002 con 116. Samaná fue otro municipio afectado por violaciones a los derechos humanos. En el caso del secuestro, aunque Caldas no es un departamento sensible en esta variable, en Samaná se registraron 35 personas secuestradas entre 2000 y 2004; el municipio con más secuestros fue Ríosucio (región Occidente) con 52 casos en el mismo período. Samaná también ha sido afectado por las acciones de los grupos al margen de la ley, especialmente en lo que se refiere a piratería terrestre y acciones contra la Fuerza Pública. Junto con Pensilvania, Samaná fue uno de los municipios con el mayor número de personas desplazadas, concentra el 49% de personas expulsadas en Caldas entre 2000 y 2004 (15.186 personas); Pensilvania concentró el 19% en el mismo período (5.996 personas). Samaná encabeza la recepción de personas con el 34% que equivale a 8.385 personas entre 2000 y 2004. Estos dos municipios también son los más afectados por accidentes por minas antipersonal, Samaná tuvo el 40% de estos hechos, 19 accidentes; y Pensilvania el 13%, seis accidentes. La Estrategia de Descentralización de la Política Pública de Derechos Humanos y DIH ha canalizado esta situación en los municipios a través de los planes de acción locales, aunando así las tres estrategias dispuestas en el plan departamental. En el caso de Samaná, su plan de acción es uno de los más completos a nivel departamental, tiene dos estrategias dedicadas a atender a la población desplazada, una se dirige a la salud y otra a la atención psicosocial; otra estrategia reúne actividades alrededor de la paz y la seguridad basada en la prevención y el compromiso social, comprende el establecimiento de redes por la paz, talleres sobre resolución pacífica de conflictos, campañas de difusión del respeto a los derechos humanos y al DIH, entre otras actividades. El plan también considera la prevención contra las minas antipersonal con campañas de comunicación para el área rural, talleres de capacitación y programas de apoyo a víctimas y personas en riesgo. Todas estas actividades serán lideradas por un comité de derechos humanos de carácter permanente. La región de Occidente está formada por Ríosucio, Supía, Marmato, La Merced y Filadelfia (que conforman el Alto Occidente); Anserma, Risaralda, San José, Viterbo, Belalcazar (hacen parte del Bajo Occidente). En cuanto a homicidios, los municipios más vulnerables en Occidente fueron Supía, Anserma y Viterbo, ya que en los cinco años de estudio (de 2000 a 2004) presentaron tasas de homicidio por cada cien mil habitantes superiores a la nacional. Supía tuvo en 2000 una tasa de 171 homicidios por cada cien mil habitantes, la nacional fue de 62.71; en 2001, 109 (tasa nacional de 64.64); en 2002, 185 (tasa nacional de 65.79); en 2003, 144 (tasa nacional de 52.79); y en 2004 de 87 (tasa nacional de 44.18). Las tasas de Anserma son: en 2000, 105; 150 en 2001; 114 en 2002; 168 en 2003; y 81 en 2004. Viterbo presenta una tasa de 115 en 2000; 173 en 2001; 171 en 2002; 90 en 2003; y 121 en 2004. En cuanto a otras variables tenidas en cuenta por el Observatorio de Derechos Humanos y DIH, Ríosucio y Anserma se encuentran entre los municipios con el mayor número de secuestrados entre 2000 y 2004 con 52 y 32 víctimas respectivamente. Ríosucio, Risaralda, Supía, Filadelfia y Anserma figuran como municipios afectados por las acciones de los grupos al margen de la ley. Ríosucio, que presenta una delicada situación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ha desarrollado varias acciones a favor de sus ciudadanos; prueba de ello es su plan de acción local en derechos humanos. En cuanto a Anserma, otro municipio afectado, su plan de acción municipal está concentrado en promover el respeto a los derechos humanos y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en la juventud; en el primer aspecto tiene en la capacitación su herramienta más importante, se fijó como meta apoyar a la comunidad infantil para promover competencias ciudadanas a temprana edad; sensibilizar sobre convivencia pacífica al 90% de la población a través de una estrategia de comunicación; se realizarán dos diplomados en derechos humanos, uno dirigido a la población en general y otro a 50 miembros de las Juntas de Acción Comunal, JAC; y capacitar a 100 líderes comunitarios en resolución de conflictos. En general, la formulación de los 27 planes locales de acción en derechos humanos y DIH de Caldas sigue una línea común y es la atención a la familia, la juventud y la salud de la población; no todos se ciñen a las necesidades impuestas por las acciones de los grupos al margen de la ley ya que varios municipios del departamento tienen otras necesidades perentorias. Villamaría y Manzanares son dos municipios que se han destacado en la formulación de sus planes de acción. Manzanares ejemplifica la manera como los caldenses desean proteger el vínculo familiar y social a partir de los planes de acción en derechos humanos. Después de determinar como alarmante la desatención del sistema de salud a los niños y ancianos, una delicada situación en el sistema escolar local por deserción y altos índices de violencia intrafamiliar, su plan formuló siete estrategias dirigidas a la resolución pacífica de conflictos en barrios; capacitación en derechos humanos a padres de familia; sensibilización de la comunidad sobre violencia intrafamiliar; reducir el hacinamiento y la deserción escolar; protección al adulto mayor; censar a la población discapacitada, infantil y de la tercera edad y capacitar a la población en el uso adecuado de la protección social; y educación ambiental a través de la reforestación. Todas las estrategias disponen jornadas de capacitación a través de talleres o campañas en medios de comunicación y espacios de reunión de la comunidad para que ella participe en la resolución de los temas del diagnóstico preliminar a la formulación del plan. La Gobernación de Caldas ha liderado otras iniciativas en derechos humanos de manera paralela a lo dispuesto en el plan de acción departamental. Ejemplo de ello es la atención a la población carcelaria, los programas de sustitución de cultivos de ilícitos y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad, SIS. En atención a la población carcelaria, la Gobernación destinó recursos durante 2005 para reparaciones locativas de los centros penitenciarios de Anserma, La Dorada y Manizales y los centros de reclusión de hombres y mujeres en Pácora, Pensilvania, Ríosucio y Salamina. Se dotaron las bibliotecas de 10 centros carcelarios y se dio atención en salud oral en cárceles de cuatro municipios del departamento. Las estrategias de sustitución de cultivos de ilícitos emprendidas por la Gobernación de Caldas se han concentrado en atender a la población afectada por el desplazamiento forzado; las comunidades que retornan a sus lugares de origen reciben asesoría para sustituir por cacao, caña panelera, y aguacate; el gobierno departamental les ha proporcionado trapiches para tratar la panela y en convenio con la Federación de Cafeteros se les ha dado capacitación para cultivar especies de café con perspectiva de exportación. Este tipo de atención a la población desplazada en Caldas es clave si se tiene en cuenta que, según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH el pico más alto de personas víctimas de esta violación a los derechos humanos se dio en 2002 cuando ocurrieron desplazamientos masivos en Pensilvania y Samaná por enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley por el control de territorios para el cultivo de ilícitos. El Observatorio indica que Caldas es un departamento expulsor, sus 27 municipios registraron expulsiones de población entre 2000 y 2004, en este período se contabilizaron 24.897 personas en condición de recibidas mientras que 30.729 fueron catalogadas como expulsadas. Según la Gobernación de Caldas se ha garantizado el retorno del 90% de la población afectada. El Sistema Integrado de Seguridad, SIS, es una meta para la Gobernación, una vez en funcionamiento será un sistema de información a nivel departamental encargado de analizar diferentes variables como homicidio, casos de violencia intrafamiliar y eventos por minas antipersonal, entre otros, para que el gobierno departamental desarrolle políticas que beneficien a los ciudadanos. Las diferentes instituciones involucradas en la constitución del SIS están definiendo las categorías y los términos para cada una de ellas. Hasta el momento se ha logrado crear cultura en las administraciones locales para que suministren información oportuna e idónea al sistema. Entre las entidades que están proporcionando información al Sistema se encuentran la Fuerza Pública, Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Prevención de Desastres (Udepade), y las alcaldías municipales. El desarrollo de la Estrategia de Descentralización de la Política Pública de Derechos Humanos y DIH en Caldas es un testimonio de coordinación entre los gobiernos departamental y local, la correspondencia temática entre el plan de acción departamental y los 27 locales, lo prueban. Además, iniciativas como la atención a la población desplazada y carcelaria son un indicativo de la voluntad política del gobierno departamental en el tema y de un trabajo coordinado entre éste y las administraciones locales. -------------------------------------------------------------------------------- [1] Es necesario mencionar que según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, Caldas tuvo, entre 2000 y 2004, un promedio anual de 12 municipios con una tasa de homicidio superior a la nacional, lo que equivaldría al 48% de los municipios
Fotografía 2: desplazamiento en florencia
Fuente: Derechos Humanos. [750]
Autor: Comunicaciones Programa Presidencial De DDHH Y DIH
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Editado Por: Cristian Giovanny Toro Sánchez.
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Samana Caldas