Categoría: Conflicto Armado
Fecha: Lunes 18 de Agosto de 2014
Hace dos semanas, dos niños campesinos de ocho y diez años se convirtieron en las últimas víctimas registradas de las minas antipersona en el país.
Fotografía 1: este año van cinco civiles muertos y 68 heridos por las trampas explosivas.
Iban rumbo a la escuela por un camino veredal en Tame, Arauca, cuando pisaron un campo minado. En medio del enorme drama que viven ellos y su familia, tuvieron suerte: los hermanitos tienen graves quemaduras, incluso en el rostro, pero no perdieron la vida o las piernas, que es la más frecuente de los que pisan estas trampas mortales sembradas por la guerrilla. En lo que va del año, se cuentan 73 civiles afectados por minas. De ellos, 5 murieron. Entre los que quedaron heridos hay 39 menores de edad y 5 adultos mayores. Esos dos grupos de población son altamente vulnerables porque no están tan pendientes del riesgo que acecha en los campos y vías. En el mismo lapso, cerca de 80 miembros de la Fuerza Pública resultaron muertos o heridos por las trampas explosivas sembradas por los grupos armados, especialmente por las Farc, para frenar su avance y proteger los cultivos de coca. Una mina puede durar activa bajo tierra entre 10 y 50 años. En 31 de los 32 departamentos del país ha habido algún incidente con estos artefactos desde 1990. Por la explosión de cerca de 29.000 artefactos explosivos, en estos 24 años van 2.183 muertos y 8.590 heridos. De cada 10, 6 eran soldados o policías, y 5 de cada 100 eran niños. De esa magnitud es la amenaza que, aunque se concentra en 92 municipios del país, tiene víctimas por toda Colombia, a pesar del enorme esfuerzo realizado por el Estado en los últimos tres lustros. En cumplimiento de la Convención de Ottawa, el país tiene plazo hasta el 2021 para ‘limpiar’ su territorio, tras pedir una prórroga debido a la persistencia del conflicto armado. Precisamente, la negociación de paz con las Farc y, eventualmente, con el Eln, es considerada como clave en esa misión, porque esos dos grupos han sembrado miles de trampas y lo siguen haciendo. Las minas se atacan desde tres frentes: los grupos especializados de FF. MM. y Policía, el Batallón de Desminado Humanitario (Bides) y contratistas civiles que empezaron a trabajar desde finales del año pasado. La labor de esos equipos, especialmente de los grupos antiexplosivos, ha permitido la destrucción de 110.000 minas antipersona desde el 2001. A pesar de esos resultados, solo tres municipios de los 92 históricamente más afectados por este flagelo pueden hoy considerarse libres de esa amenaza mortal: San Carlos, en Antioquia; El Dorado, en Meta; y Zambrano, apenas hace cuatro meses, en Bolívar. Sus territorios fueron ‘barridos’ por los desminadores, que también han limpiado 1,7 millones de metros cuadrados del territorio, incluyendo los alrededores de 34 bases militares. El coronel Henry Palomino, comandante del Batallón de Desminado Humanitario, dice que sus 500 hombres trabajan sobre todo con la información que entregan las comunidades y autoridades locales, pero que sin duda una eventual colaboración de las Farc –como quedó plasmado en el tercer punto de la negociación firmado en La Habana– sería clave para cumplir antes con el Acuerdo de Ottawa y, sobre todo, con los colombianos que viven en el campo. “No solo se trata de que informen dónde están las minas, sino de dejar de sembrarlas”, señaló. El tema es clave porque busca acabar con la zozobra en la que viven miles de colombianos, en muchas regiones. También busca permitir la consolidación de políticas como la Restitución de tierras, que en varios municipios está frenada por la mortal amenaza que sale al paso. Amenazan el regreso de los despojados El bajo Cauca antioqueño, Caquetá, Arauca, Putumayo, Norte de Santander, sur de Bolívar, Nariño y Cauca son las zonas del país más contaminadas con minas antipersona y, por contera, con reportes de nuevas siembras de esos artefactos. Dalys Silgado, directora del Programa Presidencial de Acción Integral contra las Minas, dice que hay casos como el de Samaniego, en Nariño, uno de los pueblos más golpeados por esas trampas mortales, donde se han tenido que suspender las operaciones porque los ilegales vuelven a poner minas en zonas que habían sido limpiadas por los equipos de barrido. Lo mismo pasó en Vista Hermosa (Meta), donde, según el coronel Henry Palomino, se debió aplazar la intervención. Otra de las zonas donde el conflicto no ha dejado avanzar el desminado e impacta la Restitución de Tierras es el Catatumbo, en Norte de Santander. Allí, de acuerdo con Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras, se debió suspender el proceso de entrega a familias por la presencia de estos artefactos. Pasó igual en el sur del Tolima y el sur del Meta. “Claramente, donde están las reclamaciones estaba o está la guerra, y allí están las minas”, dice Sabogal. Añade que las investigaciones arrojan que una de las formas de despojo de los grupos ilegales era minar las tierras de los campesinos para obligarlos a abandonarlas. La coincidencia de minas y reclamaciones llevó a que en las estrategias para priorizar municipios para el desminado se incluyera la variable de la restitución. Para eso, el Batallón de Desminado actualmente trabaja en regiones como Samaná, en Caldas, y los Montes de María, entre Sucre y Bolívar. El compromiso es que el predio restituido esté totalmente libre de amenaza. Piden acuerdo prioritario en Cuba La Campaña Colombiana contra las Minas, una ONG que lucha contra el uso de esos artefactos proscritos por las normas internacionales, está impulsando una iniciativa para que Gobierno y Farc busquen un acuerdo sobre el tema que aplique incluso sin la firma definitiva de la paz. “Las minas no saben de treguas. Desde el inicio de los diálogos van 607 víctimas por minas, de las cuales 233 son civiles”, dice Álvaro Jiménez Millán, director de la Campaña. Lo que se plantea –y para reforzar la propuesta están convocando a los colombianos desde la web– es que la guerrilla ayude a limpiar, desde ya, 56 zonas de 9 departamentos en las que hay minas alrededor de fuentes de agua, escuelas, zonas recreativas y vías de uso comunitario. En el tercer punto acordado en La Habana, en el primer semestre de este año, las Farc se comprometieron a ayudar con el desminado, especialmente en zonas de cultivos ilícitos donde utilizan esa estrategia para tratar de frenar a los erradicadores manuales. Jiménez advierte que nadie en Colombia sabe con certeza cuántas pueden ser las minas sembradas en el país y que usualmente la primera noticia sobre su presencia suele ser una explosión que deja muertos y heridos. “El país necesita saber de qué carácter y de qué tamaño es el reto que tenemos. Por eso es prioritario que se logre la colaboración de las guerrillas”, señaló el vocero de la ONG. Detectores y prótesis El aporte de la industria militar La Industria Militar Colombiana (Indumil) trabaja de la mano con la Universidad de los Andes en el desarrollo de un detector de minas de bajo contenido metálico. Se espera que este sea una herramienta clave para la labor de desminado humanitario durante y el posconflicto. Otro tema que involucra al Ministerio de Defensa es el que tiene que ver con los mutilados en combate y de las víctimas de las minas antipersonales, para lo cual está desarrollando prótesis de rodilla, pie y brazo. “Las prótesis deben irse cambiando cada cinco años, así que esta va a ser una línea de la industria que le ayudará mucho a los amputados del país”, señaló el General (r) Gustavo Matamoros, gerente general de Indumil.
Fuente: El Tiempo. [1204]
Autor: Pauang@eltiempo.com
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Editado Por: Cristian Giovanny Toro Sánchez.
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Samana Caldas